La Cañada Real, un pacto por cumplir

Una de las singularidades de Madrid es que cuenta con el mayor poblado ilegal de Europa: la Cañada Real Galiana. Más de 8.000 personas viven en condiciones de vulnerabilidad y, en muchas ocasiones, de precariedad

Conscientes de la necesidad acuciante de acometer un proyecto de inclusión social y reordenación urbana, y de garantizar derechos básicos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Madrid a las personas que residen en dicho poblado, el 18 de febrero de 2016, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid aprobábamos por unanimidad instar al Gobierno de la Comunidad a redactar un pacto regional por la Cañada Real. Y, tras diversas reuniones, intercambios de ideas y de documentos, el 17 de mayo de 2017 se firmaba en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid el Pacto Regional para la Cañada Real Galiana.

El Pacto significaba toda una rectificación a la política que sobre este lugar y sus habitantes había adoptado durante años los gobiernos de la Comunidad de Madrid, además de una oportunidad para hacer política de la buena, de la que transforma y mejora vidas, y todo ello a través del consenso político y la participación. La respuesta a este asunto debía ser urbanística, medioambiental y social, sostenida y continuada a lo largo de los años, ya que su desarrollo contemplaba un tiempo de realización extenso para dar solución definitiva a la Cañada Real.

Por fin había un camino que seguir, solo se tenían que ir cumpliendo los acuerdos programados, presupuestando las partidas económicas necesarias. Mientras, se coordinaría un plan social para que la educación, la sanidad, el acceso a los recursos de electricidad y agua, o el transporte, hiciese que la espera de los futuros realojos que se produjesen tuviese el menor efecto social desfavorable posible.

Sin embargo, ahora mismo, nos encontramos con un Pacto paralizado. La administración que debería impulsar su cumplimiento, la Comunidad de Madrid, apenas ha cumplido con los primeros 150 realojos comprometidos. Y ha ralentizado la marcha de este. Ralentización que está trayendo consecuencias devastadoras para quienes viven allí. Durante estos últimos dos meses, muchas de las familias de la Cañada Real están viviendo sin suministro eléctrico, afectando, de manera prioritaria, a muchos niños y niñas.

Desde agosto de 2019, este no ha sido un asunto prioritario para el Gobierno de Díaz Ayuso, no ha estado en su agenda política. Y podemos afirmar que la Cañada Real Galiana y sus habitantes corren el riesgo de volver a ser ese poblado que nadie ve en la Comunidad Autónoma con más PIB de España. No olvidemos que hay un futuro para ellos pactado, que hay un acuerdo. Exijamos que se cumpla porque la inacción del Gobierno regional les puede volver a condenar al olvido.

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