Ahora vuelve a retomarse ese proyecto, 17 años después, aplicando el mismo sistema que Ignacio González, la concesión administrativa por un periodo máximo de 40 años. Las colaboraciones público-privada pueden resultar o no de interés, pero aquí, precisamente en esta región, ya hemos sufrido los estragos económicos de esas decisiones que dejan en manos privadas lo que corresponde a la propia Administración. Y, en este caso, ni siquiera hay un anteproyecto que defina con claridad las necesidades, un anteproyecto seleccionado mediante un concurso público.
Con criterio propio 